El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, creando el Sistema Nacional Anticorrupción y en lo local, el Sistema Estatal Anticorrupción.

La reforma constitucional antes citada, contempla como uno de sus pilares el diseño jurídico para la existencia de las instancias de control interno que coadyuven a prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos

En ese sentido el Poder Judicial ha modificado su estructura orgánica para crear un área que asuma nuevas funciones para la prevención, la corrección, la investigación y la substanciación de los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos, instancia que se aprobó por el H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2018 dándole vida al Órgano Interno de Control del Poder Judicial.